Ley de Seguridad Interior. Los beneficios para la ciudadanía

Luego de años permanecer en la congeladora, legislativa, finalmente entrará en vigor la Ley de Seguridad Interior, un marco legal del que el principal beneficiario será la ciudadanía, pese a los argumentos poco serios que se han empeñado en expresar sus detractores.

Durante diciembre, mes en el que se discutió y aprobó en la Cámara de Senadores y de Diputados la iniciativa, se leyeron y escucharon opiniones poco informadas.

Contrario a lo que se cree, nada grave pasará en el país con la Ley de Seguridad Interior. Lo grave es que desde años antes no se contara con esas normas básicas después de ser propuestas durante tres sexenios consecutivos.

La ley, como han explicado muchos, no faculta a ninguna autoridad militar a realizar acciones de policía ni confunde las acciones de seguridad pública con las de seguridad interior.

Tampoco es cierto que ponga en riesgo los derechos humanos, porque ante cada declaratoria de intervención se debe notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ley no se pueden suspender garantías individuales.

La ley prohíbe expresamente en su artículo 8 la intervención militar contra cualquier protesta social que se realice en los marcos establecidos por la Constitución (¿alguien considera represivo o fuera de la ley intervenir ante un levantamiento realizado fuera del marco constitucional, por ejemplo ante un intento de golpe del signo que sea?).

La regulación del uso de la fuerza no está incluida en la ley, existen protocolos específicos para ello en cada fuerza de seguridad del país y aceptados por instancias internacionales. No existe confidencialidad en las declaratorias de intervención: solamente se especifica que la misma puede ser reservada temporalmente en el marco de la ley de transparencia y las normas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las declaratorias de intervención tienen temporalidad de un año y si se quiere ampliar se debe emitir una nueva.

Lo que sí hace la ley es obligar a estados y municipios a fortalecer sus policías y a rendir cuentas de los recursos destinados a ellos. Las tareas de inteligencia son inherentes a la intervención de las Fuerzas Armadas en los marcos legales existentes y, por ende, debe ser lícita y con respeto a las leyes y normas.

Pero, además, la aplicación de la ley está sujeta al control del Congreso, de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras instancias nacionales e internacionales.

Su campo de acción está claramente determinado: amenazas a la seguridad nacional con origen en territorio nacional, desastres naturales y emergencias; epidemias y contingencias de salud o falta de colaboración de municipios y Estados en materias de seguridad nacional.

Ningún actor político ha logrado rebatir estos principios de la ley. Sin duda se pueden realizar ajustes o cambios en la medida en que las normas comiencen a funcionar, pero los argumentos en contra presentados, hasta ahora, o simplemente tergiversan la realidad o no han leído siquiera la iniciativa. En medio hay mucho ruido político y poca sustancia (aderezada por ignorancia o mala fe).

Es un poco desconcertante que en su discurso del domingo, Ricardo Anaya la haya emprendido contra dos gobiernos del que él de una u otra forma fue parte y que fueron ganados por su partido (Calderón lo trajo al gobierno federal, fue subsecretario de Estado y no se recuerda que jamás haya criticado entonces ni a Calderón ni a Fox), pero resulta inconcebible que vaya en contra de una ley de Seguridad Interior que propuso su propio partido (el corazón de la iniciativa de ley es la que propuso Roberto Gil Zuarth hace ya algunos años, en este sexenio, mucho antes de la ruptura entre Anaya y los llamados senadores rebeldes).

OCHO PUNTOS IMPORTANTES

Los puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados y el Senado durante diciembre y que el presidente Enrique Peña Nieto consideró como una “imperiosa necesidad” son:

  1. En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Esto, cuando se identifiquen Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.

  2. Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el Presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior”. Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  3. En el artículo 16, sin embargo, también se establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, se señala, “sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible”.

  4. En el artículo 7 se establece que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

  5. “En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”, es otro de los puntos señalados en el artículo 7.

  6. El artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

  7. 7 En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior se deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”. “Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo”, sin embargo, “las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”.

  8. 8 En la ley se establece que “las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.



UN RECURSO JURÍDICO ÚTIL Y NECESARIO

Como un recurso jurídico útil y necesario es como Javier Oliva, doctor en Ciencia Política por la UNAM, considera a la Ley de Seguridad Interior.

Esta ley establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza.

El doctor Oliva Posadas, quien desde 2002 ha participado en foros de discusión de la ley, afirmó que está ampliamente discutida, era muy necesaria en el país y que se tardó mucho en aprobarse “por la corrupción en policías locales y estatales”.

Esta ley ha estado en debate por más de 10 años en los que Oliva ha participado, así como en los foros convocados por la Cámara de Diputados y Senadores, ante esto, asegura que “hay más consignas que argumentación”.

Para el politólogo, la ley tiene referencias muy claras de que las actividades de la autoridad federal serán con respeto irrestricto a los derechos humanos. En cuanto a la militarización añade: “es más propagandística que real, ya que México es el segundo país que peor trata a sus fuerzas armadas en términos presupuestales y un despliegue tiene mucha relación con ese rubro”.

Asimismo, la decisión de utilizar a las fuerzas armadas no está alejada de la realidad mundial, ya ocurre en otros países de Europa, “con esto no quiero decir que México deba seguir los pasos de otros países, pero sí que no es un caso insular”.

Para Javier Oliva, esta ley va a obligar a la autoridad civil a recuperar la paz pública a través de la reconstrucción de sus policías, hace énfasis en analizar el contexto en que se promulga esta ley y sobre todo establecer criterios claros para que la información que se genere sea clara.

Esta ley ya está aprobada por dos poderes de la unión: Ejecutivo y Legislativo, sólo hace falta la aprobación de la Suprema Corte.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseveró que la ley promulgada no tiene "vicios de inconstitucionalidad”.