08.05.2023
Hace 24 años fue asesinado el popular conductor de televisión Paco Stanley. El crimen tuvo enorme repercusión pública porque, además, se perpetró en pleno día en un país mucho menos violento que el de hoy, en un popular restaurante del sur de la ciudad y a pocos minutos de haber terminado su programa en vivo en TV Azteca. El asesinato generó fuertes reacciones y generó una de las investigaciones más vergonzosas que ha llevado la procuraduría capitalina, entonces bajo el mando de Samuel del Villar, en muchos años.
En realidad, Stanley estaba lejos de ser inocente: su asesinato tenía relación con sus conexiones con el mundo del narcotráfico y más particularmente con el cártel de Juárez, lo que iba más allá de la dosis de cocaína que portaba cuando fue asesinado o del consumo cotidiano que hacía de esa droga. La relación se establecía a través de la distribución de drogas en el medio artístico y la administración de inmuebles como el centro de espectáculos Premier, todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres de Juárez, particularmente con el asesinado Rafael Aguilar Guajardo, un ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad que era uno de los lídres de esa organización criminal que le quiso disputar el liderazgo a Amado Carrillo Fuentes, el llamado señor de los cielos. Aguilar Guajardo fue asesinado, por órdenes de Amado, poco antes del ataque a Paco Stanley, en un muelle de Cancún.
Pero resultó que esa línea de investigación no le servía al procurador Del Villar para sus propósitos políticos. Entonces inventó una historia inverosímil. Decidió que por alguna razón, que nunca pudo establecer, quien había mandado asesinar a Stanley era el cártel de los hermanos Amézcua, los llamados entonces reyes de las metanfetaminas, un tipo de droga y un cártel que, aparentemente, nada tenían que ver con la historia de Stanley. Para comprobarlo utilizó a un recluso, Luis Gabriel Valencia, que decía ser el cocinero de Luis Amézcua dentro de la cárcel.
Este hombre, que según las propias autoridades de la procuraduría del DF, era un desequilibrado mental, aseguró sin poder ponerse jamás de acuerdo con las fechas, que en dos oportunidades había visto a una edecán del programa de Stanley, una muchacha de 23 años, llamada Paola Durante, acompañada por otro personaje con antecedentes penales, Erasmo Perez, el Cholo, visitar a Amézcua y planear el asesinato en el que involucraban como cómplice al coconductor de Stanley, Mario Rodríguez Bezares, para vengarse de algo que nunca pudieron identificar.
Poco importó que no existiera ninguna constancia de que El Cholo y Paola Durante se conocieran entre sí o que alguno de ellos conociera a Amézcua, tampoco había constancia de que ambos hubieran ido solos o por separado a visitar a ese narcotraficante, no existía móvil para que Bezares participara en ese crimen (se llegó a publicar, divulgada por la PGR, una foto del hijo de Bezares para "demostrar" que el niño tenía algún parecido físico con Stanley, dando a entender que era su hijo, lo que era absolutamente falso).
Tampoco tuvo importancia que los compañeros de trabajo de El Cholo, testificaran que éste, el día del asesinato de Stanley, estaba trabajando en un taller de la colonia Narvarte o que se comprobara que las fechas en que según el cocinero de Amezcua, Paola Durante había visitado a ese narcotraficante, ella estaba trabajando en el Auditorio Nacional como edecán, o que la otra fecha que atestiguó para ese encuentro fuera meses antes de que Luis Amézcua estuviera detenido. El “testigo” tampoco pudo reconocer a Paola y en su testimonio describió literalmente a otra persona.
Todo se derrumbó cuando el propio Valencia reconoció que había mentido porque la PGJDF le había propuesto reducir su condena y mejorar su condición carcelaria a cambio de su testimonio y cuando la Comisión de Derechos Humanos del DF, que presidía en forma más que respetable Luis de la Barreda, demandó la liberación de Paola Durante por ser el suyo un caso notoriamente inventado.
La actitud de Del Villar y su gente, fue desestimar la declaración de Valencia y presionarlo para que volviera a rectificar su declaración y en un hecho insólito comenzaron a acosar policial y judicialmente a los miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, lo que motivó incluso protestas internacional de comisiones similares.
La guerra declarada por la procuraduría contra la CDHDF era tan absurda como la investigación el caso Stanely que, en contrapartida, lo que provocó (haciendo una analogía de las que en su momento llevó Pablo Chapa Bezanilla en los casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu) es que nunca se supiera, realmente, quiénes y porqué mataron a Stanley.
Que éste tenía relaciones con el mundo de la droga, que tenía compromisos pendientes, que probablemente no era un personaje digno de la simpatía y la popularidad que tuvo entre el público, terminó siendo indudable. Pero toda su historia, hoy, permanece oculta bajo una nube de errores y despropósitos que llevaron a olvidar lo importante. Si se quería ocultar la verdad en el caso Stanley habría que haber hecho exactamente lo que hizo la procuraduría de Del Villar.
En el caso de Paola fue necesario que pasaran casi tres años de su detención para que, finalmente, se hiciera justicia, fuera liberada por falta de pruebas y se cerrara así, aunque fuera un capítulo, de una de las historias más oscuras que ha tenido la procuración de justicia en la capital del país.
