04.09.2023
Los intentos de manipulación del caso Ayotzinapa exhibieron un nuevo capítulo en un largo artículo en el prestigiado New York Times, con la publicación de un reportaje sobre la desaparición de los jóvenes de la normal en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La entrada es espectacular. El NYT asegura que tiene “un vasto tesoro de alrededor de 23.000 mensajes de texto no publicados, testimonios de testigos y archivos de investigación obtenidos por The New York Times (que) apuntan a una respuesta: casi todos los brazos del gobierno en esa parte del sur de México habían estado trabajando en secreto para el grupo criminal durante meses, poniendo la maquinaria del estado en manos del cártel y aplanando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino”.
Pero no prueba nada de eso, al contrario. No revela nada nuevo, insiste en lo que han manejado el GIEI y en las declaraciones del subsecretario Encinas en el mismo NYT en agosto del año pasado con los mismos 23 mil mensajes que Encinas dice haber conseguido el año pasado y que no validó “para no poner su contenido en riesgo”. Lo que sí sabemos ahora es que según el NYT son mensajes que le entregó la DEA, que parece haber dado un paso más en su largo enfrentamiento con el ejército mexicano.
El hecho es que ninguno de esos mensajes (ya conocidos) proviene de algún militar; cuando en alguno de esos mensajes hablan de militares, sin identificarlos, no se señala ninguna acción concreta que ellos realicen a favor de Guerreros Unidos, en todo caso de intentos que los sicarios hacían para tratar de cooptarlos. En esas conversaciones no existe una sola comunicación entre algún militar y algún criminal, ni una sola.
Las conversaciones interceptadas se dan entre integrantes del grupo criminal, particularmente entre Pablo Vega y Arturo Martínez Apaxtla, y es éste ultimo el que en las conversaciones hace referencias a supuestas relaciones con militares, en forma genérica sin identificar a ninguno. Ese sicario fue detenido desde 2013 (o sea un año antes de los hechos de Iguala) por la DEA y convertido en colaborador, por lo que lo que diga o deje de decir debería ser tomado en cuenta con pinzas.
En lo que publica el NYT hay graves inconsistencias, ya que por una parte se dice que los criminales conocían y trabajaban con los Comandantes del 27 y 41 Batallón y por el otro que estaban tratando de ganarse a oficiales de bajo rango. En algunas conversaciones manifiestan gran preocupación por la actividad de las tropas en su contra y no hacen referencia a que podrían recibir o pedir apoyo a esos comandantes que especula el NYT trabajaban para ellos. Es ilógico.
La única conversación en la que los criminales se refieren a un Coronel de apellido Nieto, el 3 de abril de 2014, se da entre Arturo Martínez y “Sauirín”, y es inverosimil, ya que están hablando sobre la recepción de un caballo y de la nada éste dice “que irá a Telo a traer cosas y a ver al Coronel Nieto para que todo esté bien”, y sigue hablando del caballo, lo que lleva a pensar que el mensaje fue insertado falsamente en ese hilo de conversación.
Pero incluso así los mensajes demuestran que los militares nada tuvieron que ver con la desaparición de los estudiantes, no hay una sola conversación que hable de la participación de militares en esos hechos. Esto es notable sobre todo en los mensajes que entregó la propia DEA al gobierno mexicano en 2017 sobre lo sucedido en los días 26 y 27 de septiembre y que publicamos en el libro La Noche de Iguala en 2018. Ello desmiente incluso las declaraciones del testigo estrella de Encinas y la Fiscalía, “el Cabo Gil”, Gildardo López Astudillo, que pasó de jefe de los sicarios que secuestraron y desaparecieron a los muchachos a testigo protegido en libertad.
En esos cables queda de manifiesto la responsabilidad de López Astudillo pero en esa frenética actividad que mantienen los sicarios y sus líderes ninguno se refirió a alguna acción o apoyo por parte de los militares.
El reportaje del NYT asegura que el crimen fue posible por la subordinación del Gobierno federal a Guerreros Unidos: pero, ¿por qué diablos toda la estructura del Estado desde las procuradurías hasta la Defensa o la Marina estarían interesados en defender a un grupo menor del crimen organizado y desaparecer a 43 jóvenes que no eran amenaza alguna para el Estado?. En realidad lo que queda claro en esas intercepciones es que los líderes de Guerreros Unidos le piden a sus operadores en Iguala que involucren al Gobierno Federal: insistentemente ordenan sacar a los transportistas a bloquear carreteras para garantizar la presencia del Gobierno Federal, piden movilizar grupos sociales. El reportaje lo ignora, así como las demás comunicaciones del 26 y 27 de septiembre.
También trata de deslindar a los estudiantes de los Rojos. Y dicen que todo se debió a una confusión y a “la paranoia” de Guerreros Unidos. Pero los propios mensajes dejan claro que en GU eran concientes de que junto al contingente de los estudiantes venían sicarios del grupo rival (en las camionetas que los acompañaban). Incluso identifican claramente a “el chilango” y “el cochiloco” como parte de ellos. Sólo tres de los 43 desaparecidos tendrían relación con los Rojos, los demás eran alumnos de primer ingreso. Y esa noche, antes de que los jóvenes fueran detenidos por las policías municipales, sí hubo un ataque de los Rojos contra GU en un taller mecánico, donde murieron tres sicarios.
La investigación es otra filtración del equipo de Encinas para tratar de sostener el caso contra los militares que sigue la fiscalía en México. Pero hay 23 mil mensajes interceptados y paradójicamente ni uno solo que relacione a los militares con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
