Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas se convirtió en un fenómeno extendido por todo el país.
El incremento en las desapariciones ocurrió tras la llamada “guerra contra el narcotráfico”, al igual que el aumento en otros delitos violentos como lo es el homicidio; lo cual ha resultado en una normalización de la extrema violencia.
El año pasado, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, anunció que aún se desconoce el paradero de más de 37 mil 435 personas desaparecidas desde 2006. No obstante, en abril del mismo año el registro oficial dejó de alimentarse, es decir, actualmente se desconoce la cifra real de personas desaparecidas, por lo que no hay indicios del número de víctimas de este delito.
Al día de hoy, de acuerdo con una declaración oficial del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sabemos que por lo menos son 40 mil 180 las personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales.
Por ello, las propias autoridades han reconocido que existen fallas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas -única herramienta oficial de medición, construida a partir de las denuncias presentadas en el fuero común y en el federal-. Algunas de estas deficiencias incluyen: falta de exhaustividad, exclusión de casos, falta de aportación de información acerca de quiénes desaparecen y en qué circunstancias y brinda muy pocos datos sobre la desaparición de migrantes y los casos de desaparición forzada.
Además, desde 2007, de acuerdo con la CNDH, más de 3,900 cuerpos han sido hallados en más de 1,300 fosas clandestinas. De este modo, las entidades que han registrado la mayor cantidad de fosas son Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Coahuila. Consecuentemente, de acuerdo con la prensa, estos estados concentran el 69.32 por ciento de los hallazgos observados.
Como consecuencia, desde 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con una unidad especializada para la investigación y el procesamiento de desapariciones.
Sin embargo, hasta agosto de 2018, había iniciado 1,225 investigaciones, pero solamente presentó cargos en 11 casos y ninguna condena.
Adicionalmente, es habitual que, al momento de denunciar, agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, e incluso les dicen a los familiares que deben investigar por su cuenta.
Por ello, numerosos familiares de las víctimas han denunciado una y otra vez graves fallas en la identificación y el almacenamiento de los cuerpos. Basta con recordar el caso de Jalisco, en el que varios vecinos denunciaron un olor fétido proveniente de un tráiler, que finalmente resultó ser de propiedad de la Fiscalía General del Estado y contenía cuerpos no identificados.
¿QUÉ SIGUE?
Todos sabemos que en México, es muy común que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal.
Aunque el compromiso del actual gobierno en contra de la perpetración de estos delitos es un acto que debe reconocerse, no parece adecuarse a la urgencia de las circunstancias que actualmente vive nuestro país. Es imperativo que esta postura se traduzca en acciones concretas ya que, en esta ocasión, las buenas intenciones no bastan.
La cifras evidencian que las capacidades institucionales para atender esta problemática continúan siendo muy débiles, así como la articulación de políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo de personas inhumadas clandestinamente, que es apenas básico.
Aun cuando en enero de 2018, entró en vigor la Ley General de Desaparición, la cual ordenó la creación de una nueva herramienta: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, con el objetivo de mejorar la situación; el vacío de información y resultados continúa.
De acuerdo con expertos en la materia, esto representa un gran problema y un obstáculo al momento de buscar una solución, ya que la información es básica, porque sin ella no se pueden hacer estrategias de búsqueda, alertas y tampoco operar mecanismos efectivos de justicia.
Como consecuencia, es imprescindible que la actual administración, en primer lugar, instrumente las medidas de carácter jurisdiccional y administrativo necesarias para investigar la desaparición, la desaparición forzada y la inhumación clandestina de personas, al igual que sancionar a las personas responsables de dichos actos y reparar a las víctimas.
En segundo lugar, diseñar un registro nacional de desapariciones forzadas, con la participación de grupos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles e instituciones académicas que puedan proporcionar información, herramientas y otros elementos de análisis que contribuyan a que este registro sea un instrumento útil y actualizado.
Finalmente, diseñar e implementar un programa nacional de exhumaciones capaz de responder a la magnitud del problema de fosas clandestinas en México y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las familias y las víctimas, así como para la sociedad en su conjunto.
Sin duda, dicho esfuerzo debe tener como base la coordinación y el compromiso tanto de autoridades federales como estatales. De esta forma, en resumen, es necesario generar protocolos de búsqueda inmediata, garantizar la intervención permanente de las familias; así como crear mecanismos que funcionen con la supervisión y el apoyo de organismos e instituciones civiles y académicas nacionales e internacionales.
Es claro que el aniversario de los hechos que se perpetraron en contra de los normalistas de Ayotzinapa hace 5 años es un símbolo más que nos ayuda a recordar y a materializar a todos aquellos desaparecidos y el hecho de que todavía nos faltan muchos, muchos mexicanos.